2020-08-28
Story

Con integrantes de la comunidad observándolos, trabajadores de construcción usan una grúa para instalar un dúplex modular sobre sus cimientos en el vecindario de Elyria-Swansea en Denver el 12 de agosto de 2020. La unidad de vivienda asequible de dos pisos se venderá a dos familias en riesgo de desalojo en los vecindarios de Globeville o Elyria-Swansea.

Fotografía de Joe Mahoney / enviado especial de The Colorado Trust

Por Michael Booth

Quienes trabajan defendiendo los derechos de los inquilinos en Colorado dicen que las moratorias y los retrasos de desalojos no protegen a numerosos grupos de familias con ingresos más bajos. Las enormes consecuencias financieras causadas por la pandemia del coronavirus están aumentando silenciosamente el riesgo del desplazamiento forzado entre las personas que alquilan su vivienda.

Según un integrante del Consejo de la Ciudad de Denver, los cálculos optimistas realizados por la Asociación de Apartamentos de Colorado sobre pagos del alquiler a tiempo reflejan inquilinos con mayores ingresos en unidades más costosas con propietarios importantes. Pero estos cálculos ignoran el daño ocasionado a las familias que se han visto forzadas a desalojar viviendas unifamiliares, unidades de tamaño anormal y acuerdos sin un contrato formal.

Los inquilinos y las organizaciones de defensa comunitaria dicen que los desalojos y desplazamientos forzados están aumentando debido a que:

  • Numerosos inquilinos con menores ingresos pagan mes a mes sin un contrato legal ejecutable. Muchas familias simplemente se están yendo después de que les bloquean el acceso, con frecuencia sin ningún otro lugar donde ir, cuando el propietario dice que el tiempo se acabó.
  • Los casos de desalojos se están acumulando en los tribunales encargados de administrarlos ahora que las moratorias terminaron. El período que impone el estado como “cura” para los inquilinos se extendió de 10 a 30 días durante la pandemia y ahora está llegando a su fin para muchos de ellos. Este es el período desde que un inquilino deja de pagar el alquiler hasta que le avisan de las consecuencias si sigue sin pagarlo, incluidos los cargos tardíos y el desalojo.
  • Los propietarios pueden continuar cobrando cargos tardíos exorbitantes además del alquiler pendiente cuando los casos de desalojo llegan al tribunal. Esto hace que la cura quede fuera del alcance de muchos inquilinos.
  • Los tribunales no siempre están cumpliendo sus propias reglas de operación a distancia diseñadas para facilitarles a los inquilinos el acceso. Por ejemplo, decretan juicios sumarios por no responder a la hora de un juicio en la mañana, cuando las respuestas por correo electrónico no tenían que presentarse necesariamente hasta el final del día.
  • Los proyectos de construcción de viviendas asequibles facilitados por diversos gobiernos locales están tardando más años de lo planeado originalmente en iniciarse y en aceptar inquilinos. Esto retrasa las alternativas hasta para el pequeño número de familias que tales proyectos ayudarán.

Reynaldo Bonds y su familia no lograron mantenerse a flote ni con las protecciones que los funcionarios estatales dijeron haber fortalecido.

Como padre soltero, Bonds, de 51 años, se mudó a Denver con su hija en el otoño de 2019 y estaba trabajando 50 horas a la semana para una compañía importante de envíos cuando la pandemia empezó. El número de entregas cayó repentinamente. Su área de entregas era el centro de Denver, Bonds dijo, y la cantidad de paquetes que usualmente entregaba ahí se redujo en casi un 50 por ciento. Cuando le recortaron las horas por la mitad, se atrasó con el pago del alquiler.

La moratoria de desalojos que aprobó el Gobernador ayudó por un tiempo, pero cuando se acabó, el propietario de la vivienda de Bonds le entregó un aviso de desalojo el 15 de junio. Ese día inicio la cuenta regresiva de 30 días para que Bonds pagara o se fuera, de acuerdo con la extensión de los usuales 10 días que el gobernador Jared Polis proclamó por orden ejecutiva.

“Nadie disputa que COVID sigue afectando todo. El dinero no va a reaparecer por sí solo”, dijo Jason Legg, un abogado privado que trabaja con el grupo de defensa de trabajadores 9to5 Colorado (un beneficiario de The Colorado Trust) proporcionando ayuda legal con problemas de alquiler. Legg está representando a Bonds.

“Este período de 30 días compró un poco más de tiempo pero para nada es una solución; solo está retrasando la avalancha”, Legg dijo. “Eso es lo que ahora estamos observando, el final de ese proceso; tarda más pero causa el mismo resultado”.  

El día en que la respuesta electrónica de Bonds debía recibirse según las reglas del tribunal a distancia, la envió al medio día. El Condado de Adams aparentemente no cumplió con sus propias reglas especiales debido a COVID-19 y dijo que debía haberse recibido a las 8:30 de la mañana, en lugar de al final del día, y emitió un juicio automático a favor del propietario. Un portavoz del tribunal del Condado de Adams dijo que el condado había actualizado sus reglas judiciales a distancia para aclarar cuándo deben recibirse las respuestas y que, al parecer, Bonds había llegado a un acuerdo con el propietario.   

El “acuerdo” era que Bonds desalojara su vivienda, con alguaciles presentes asegurando que se fuera, según dijo Bonds.

Los recortes laborales y la mudanza forzada han sido “devastadores para mi familia entera”, dijo. “No soy un hombre que no paga sus gastos. Llegó a tal punto que, o comíamos o pagaba el alquiler. La mayoría de las personas hubieran elegido comer, no lo sé”.

Con respecto al proceso de desalojo, Bonds dijo, sabe que el edificio de apartamentos donde vivía era parte de un negocio, pero “las personas que pueden contratar a los abogados más importantes ganan”.

Los grupos de defensa dicen que están observando el desalojo constante de familias inquilinas debido a este tipo de indiferencia burocrática.  

“Desde nuestro punto de vista, no solo las órdenes ejecutivas no han sido suficientes en cuestión de duración y ejecución, sino que los sistemas judiciales no parecen emplear la debida diligencia para asegurar que las órdenes se cumplan”, dijo Andrea Chiriboga-Flor, directora estatal de 9to5 Colorado.

En vecindarios con menos recursos como Globeville y Elyria-Swansea, ubicados en la zona norte de Denver, los acuerdos de alquiler se ven dominados por casas de vivienda unifamiliar divididas en apartamentos, propietarios con solo un par de unidades y apartamentos desgastados cuya única comodidad con frecuencia es una llave para abrir la puerta del frente. Una encuesta realizada en 2016 de integrantes de la comunidad mostró que más de la mitad de los inquilinos no tenían un contrato formal de arrendamiento, dijo Nola Miguel, directora de la Organización para la Justicia en Salud y Vivienda en Globeville, Elyria-Swansea (GES Coalition, en inglés), una organización no lucrativa.

“Los desalojos no son necesariamente el único indicador del desplazamiento forzado”, Miguel dijo. “Muchas familias con las que trabajamos, tan pronto reciben ese aviso, se salen, porque no quieren involucrarse con el sistema judicial en lo absoluto”.

“El desalojo es un concepto legal para una orden judicial, pero hay otras maneras diferentes de que a las personas las saquen de su propiedad”, dijo Robin Kniech, integrante general del Consejo de la Ciudad de Denver y quien ha pasado bastante tiempo trabajando en problemas de vivienda. “Muchos de nuestros [residentes] vulnerables [alquilan] mes a mes; no existe un sistema legal para eso. Se acabó tu contrato, te tienes que salir”.

Kniech cuestiona los datos de la Asociación de Apartamentos de Colorado que dicen que más del 95 por ciento de los inquilinos en Colorado pagaron su alquiler a tiempo a principios de julio. Kniech dijo que el muestreo de la asociación refleja solo una pequeña porción de sus socios y que esos socios son en su mayoría compañías grandes, con edificios con múltiples unidades en donde los inquilinos tienen más estabilidad financiera.

“Las personas con mayor probabilidad de ser vulnerables son las que probablemente menos se vean reflejadas en los datos de la asociación”, Kniech dijo. La asociación de apartamentos no respondió a mensajes solicitando sus comentarios sobre la encuesta.

Denver aumentó sus programas de defensa contra el desalojo con subsidios que la organización Servicios Legales de Colorado recibió por orden de los integrantes del consejo. La organización estableció una oficina de consultoría adentro de la Alcaldía, sede de los tribunales del condado. El año pasado, la ciudad incrementó los fondos y otorgó un subsidio a través del programa de Ayuda Temporal con el Alquiler y los Servicios Públicos (TRUA, en inglés), la cual combina fondos de la ciudad y del gobierno federal. Más abogados están enfocándose en el problema, mejorando el trabajo de casos y ayudando a más clientes, dijo Jana Happel, abogada de planta con los Servicios Legales de Colorado.

Las moratorias y extensión del período de cura a 30 días ayudaron, Happel dijo, pero observa tensiones y demandas aumentando en el sistema ahora que esas moratorias y extensiones están concluyendo para muchos de los clientes.

“No puedo darte cifras [exactas], pero está empezando a sentirse como ‘el cabello en llamas’ y nos estamos preparando para un fuerte golpe”, Happel dijo.

Los jueces en Denver hacen un buen trabajo tratando de ayudar a los clientes con casos de desalojo para que enfrenten el sistema con la mejor información, Happel señaló. Sin embargo, con frecuencia solo están explicando lo inevitable.  

Los jueces advierten a los acusados que si disputan el desalojo y pierden, con un dictamen oficial como resultado, eso puede significar el desalojo con alguaciles después de 48 horas, además de deberle un pago por daños y perjuicios al propietario por el alquiler y los cargos tardíos. Los jueces advierten que tales dictámenes se incluyen en sus antecedentes y futuros propietarios podrán verlos, resultando en dificultados para alquilar una nueva vivienda. Los tribunales de desalojos en Denver pueden observarse por internet, y los acusados con frecuencia toman eso como señal de que deben negociar un acuerdo con el propietario y salirse de su vivienda.

Kniech y Happel se encuentran entre aquellos que apoyan establecer límites en los cargos tardíos, límites que actualmente no existen en la mayoría de las jurisdicciones de Colorado. Los cargos tardíos con frecuencia suman cientos de dólares el primer día que el alquiler del mes se retrasa, y luego cantidades más pequeñas cada día después de ese. Kniech dijo que apoyará esfuerzos renovados en la legislatura de 2021 para abordar los cargos tardíos. En el pasado, los representantes de propietarios han desafiado la legalidad de los límites locales en los cargos tardíos, Kniech dijo.

“El Gobernador ha estado por todas partes. Ha sido muy difícil para nosotros legislar a nivel local cuando recibes extensiones a media noche de estas [órdenes] ejecutivas y no sabes qué viene después”, Kniech dijo. “Tenemos poder limitado para funcionar a nivel local, y la gente dice: ‘¿Por qué la ciudad no hace algo?’”  

Algunos fondos federales y locales designados para ayudar a los inquilinos a mantenerse al día con el alquiler ya están disponibles en Denver. Pero los grupos de defensa que trabajan con los programas dicen que obtener acceso a los fondos es complejo y laborioso y esto puede causar pocos resultados exitosos.

En Globeville, en donde, según Miguel, el 51 por ciento de los residentes encuestados dijeron no tener un contrato o alquilar mes a mes, los grupos de defensa han estado trabajando con cerca de 55 personas que solicitaron ayuda con el alquiler. De esas 55 personas, alrededor de 26 lograron completar su solicitud, y 11 de esas obtuvieron fondos.

Los inquilinos sin un contrato formal de arrendamiento con frecuencia no tienen documentación de facturas ni recibos; otros tienen dificultad para comprobar con documentos que han perdido ingresos porque muchos no tienen cuentas de cheques. Muchos de los propietarios, Miguel dijo, solo tienen una o dos unidades sin una estructura comercial formal, y no pueden proporcionar libros contables que documenten sus pérdidas.

“Es un tiempo laboral extremadamente intenso por el cual no nos están pagando; esa es la brecha que estamos tratando de cerrar”, dijo Miguel, quien ha sugerido a los administradores del programa TRUA de la ciudad que reduzcan la documentación.

“Queremos concientizar más a la gente del vecindario, pero no si no pueden realmente tener acceso a ese recurso”, agregó. “Es una pérdida de tiempo para todos nosotros y las familias, para que resulte en nada”.  

Hasta cuando los vecindarios como Globeville y Elyria-Swansea se reúnen para celebrar victorias infrecuentes en su lucha por la estabilidad en la vivienda, los residentes y grupos de defensa mencionan rápidamente que la burocracia retrasa silenciosamente el éxito.  

A mediados de agosto, vecinos en Elyria-Swansea se sentaron en las veredas durante el calor del mediodía para ver una grúa traer unidades modulares de vivienda desde Nebraska e instalarlas en un terreno vacío en Fillmore Street, justo al norte de la carretera interestatal 70. Los dúplexes de dos pisos se venderán por cerca de $170,000 a personas que reúnan requisitos de ingresos como parte de un fideicomiso de bienes raíces gracias a organizaciones no lucrativas, agencias de la ciudad y fondos de mitigación por reconstruir la carretera.

Roberta Molock tomó fotografías de la grúa dejando caer la vivienda de dos pisos para la cual su hija estaba en las últimas fases de cumplir requisitos. Molock dijo que sus familias ahora están apretadas en un lugar cercano que alquilan, y ven a otras familias ir y venir de otras unidades en alquiler enfrente cuando los propietarios duplican el alquiler a $1,600 mensuales de casas antiguas con una habitación.

“¿Quién gana esa cantidad de dinero?” además de para la comida y la gasolina y el automóvil y todo lo demás, Molock se preguntó. Se crio en la zona central-norte de Denver, se fue a vivir a otro lugar por un tiempo, y luego regresó porque quería que sus hijos “tuvieran la misma experiencia que tuve, compartiendo comidas con vecinos, jugando con amigos”, Molock dijo.

Cuando su hija, Vanessa, se enteró de los dúplexes en Fillmore, “dijo: ‘¡Quiero uno de esos!’” Vanessa no pudo estar para el festejo de la grúa porque estaba trabajando. Tener empleo es uno de los requisitos de elegibilidad para obtener una de las casas a precio de descuento.

Molock se dio cuenta de que dignatarios y un supervisor de construcción se dirigieron a la puerta principal del primer piso acabado de instalar. “¡Límpiense los pies!” gritó.  

La integrante del Consejo de la Ciudad de Denver Candi CdeBaca, quien vive cerca de ahí y es parte de la quinta generación de su familia que ha vivido en Elyria-Swansea, pasó para grabar el evento en video y felicitar a los organizadores; también repartió burritos bajo un toldo en una entrada para autos. Pero dijo que el gobierno de la ciudad necesita trabajar más rápido para facilitar el desarrollo de viviendas asequibles y la asistencia con el alquiler.

El subsidio de $2 millones que el Departamento de Transporte de Colorado contribuyó al fideicomiso de bienes raíces se anunció en 2018, CdeBaca señaló. Pequeños problemas de zonificación y con el terreno retrasaron que se terminara el dúplex en Fillmore, y obstáculos burocráticos similares persisten en la mayoría de los programas de asistencia, dijo.

“Hemos ido y vuelto del infierno solo para llegar a este momento”, CdeBaca dijo. “Es un plan muy rígido para este vecindario. Pensarías que lo podrían agilizar; demuestra cuáles son nuestras prioridades como ciudad”.

Mientras las consecuencias financieras de la pandemia siguen revelándose, y defensores legales se preparan para una oleada de casos de desalojo y clientes desesperados, quieren que se sepa que un retraso estatal en demandar a los inquilinos no debería ser el último paso del cambio político gubernamental. Cientos de miles de personas en Colorado siguen desempleadas después de los cierres que ocurrieron debido a la pandemia en la primavera, la próxima ola de asistencia federal es limitada y viene con requisitos adjuntos, y los propietarios vaciarán sus apartamentos de una u otra forma.

Reynaldo Bonds tuvo una pequeña prórroga de la fecha para presentarse ante la corte, y logró evitar que tiraran sus posesiones a la calle, pero sus problemas continúan, Legg, su abogado, dijo.

“Es un evento muy traumático que redujo su estándar de vida, y lo perseguirá mediante el proceso de cobranzas más tarde”, Legg dijo. “La idea de que es una victoria, eso es una vergüenza en Colorado”.  

Michael Booth
Denver, Colorado